Prisión para quienes obstaculicen auditorías

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El gobierno actual no permite a la Corte de Cuentas realizar las auditorías que les corresponden. La elaboración de las propuestas de la CCR fue realizada en conjunto con organizaciones de la Sociedad Civil.

Los magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) presentaron ante la Asamblea Legislativa un grupo de reformas a la Ley Orgánica de la Corte de Cuentas y al Código Penal, para forzar a las instituciones del Estado a brindar toda la información requerida por el ente contralor en un plazo de 15 días hábiles, y establecer una sanción de hasta tres años de prisión para quienes obstaculicen la labor de la Corte.


Con apoyo de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda), los magistrados diseñaron tres reformas a la Ley sobre la Constitución de Sociedades por acciones de Economía Mixta, el Código Penal y la Ley de la Corte de Cuentas de la República.


Enmiendas propuestas.

Las enmiendas a las tres normativas jurídicas buscan ampliar las atribuciones que tiene la Corte de Cuentas de para auditar el uso de fondos públicos que hacen instituciones públicas y privadas del Estado; sociedades, grupos empresariales, asociaciones municipales o comunales o de cualquier naturaleza, fundaciones, asociaciones públicas y privadas y sociedades de economía mixta.


También se fiscalizaría el uso de los fondos en entidades donde el Estado, instituciones oficiales autónomas o municipales que tengan participación de fondos públicos en su capital accionario, patrimonial o de administración.


“Buscamos que no haya brecha o que no haya instituciones exentas de control, estamos incluyendo una reforma que venga a garantizar el acceso a las labores de fiscalización”. Roberto Anzora, presidente de la Corte de Cuentas.


El magistrado presidente , Roberto Anzora, explicó que en la reforma a la ley de la CCR se establece la obligación de dar acceso a la información a la Corte en un plazo mínimo de tres días para su cumplimiento, o que no se exceda los 15 días hábiles de acuerdo a las complicaciones para ordenar los datos solicitados por la CCR.


La Corte de Cuentas también tendría acceso a las bases de datos relacionados a auditorías que realice a las entidades controladas.


Penas de cárcel.

A través de la reforma al Código Penal, además, se incluirán sanciones para quien obstaculice las labores de fiscalización de la CCR. La sanción sería cárcel entre uno a tres años de prisión.


Según Anzora, reformar la Ley de la Corte de Cuentas tiene el objetivo de fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.


“Las reformas que presentamos con relación a la Ley de la Corte de Cuentas consisten en ampliar el ámbito de control de la labor de fiscalización de la Corte; es decir, buscamos que no haya brecha o que no hayan instituciones exentas de control, así también estamos incluyendo una reforma que venga a garantizar el acceso a la información para las labores de fiscalización de la Corte de Cuentas que es sumamente importante para que esta labor se realice de manera eficaz ”, indicó Anzora.


“Estas son de las propuestas que tiene que tener acompañamiento para combatir la corrupción del pasado, presente y futuro”. Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa.


La magistrada María del Carmen Martínez aseguró que es necesario que las instituciones del Estado no les nieguen información relevante para auditar el uso de los fondos públicos del Estado.


“Asegurar que se tenga acceso irrestricto a la información es necesario, actualmente enfrentamos un problema que vamos a la entidades y no nos permiten el ingreso, mación incompleta y esto al final afecta el rol fiscalizador de la Corte”, añadió Martínez.



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