Piden a la FGR investigar al ISRI por desaparición de adultos mayores durante pandemia

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Los responsables institucionales manifestaron no saber la ubicación o el estado de salud de 51 ancianos que estaban bajo su tutela.

Falta de coordinación interinstitucional. Eso determinó el informe preliminar de la comisión especial de la Asamblea Legislativa que ve el manejo de la pandemia durante la emergencia por el covid-19 en El Salvador en el tema del trabajo realizado por el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) y el Centro de Atención a Ancianos Sara Zaldívar.


En el informe señalaron a la presidenta del ISRI, Ligia Gallardo, y a la directora del Asilo Sara Zaldívar, Claudia Susana Barahona de Melara, por desconocer, hasta la fecha, el diagnóstico y la ubicación de más de 50 residentes del asilo que fueron referidos por el ministerio de Salud (MINSAL) hacia la red hospitalaria.


La comisión calificó el hecho como una "falta de coordinación interinstitucional". "Es inconcebible que a esta fecha no sepan el paradero de más de 50 adultos mayores que estaban bajo tutela", se lee en el informe. "Se les recomienda que tengan el control de la institución de la cuál están al frente, y que bajo su única responsabilidad está la vida y salud de los residentes del Centro", agrega.


Para contextualizar, ambas funcionarias fueron citadas sin éxito hasta en nueve ocasiones por la comisión, para explicar su trabajo al interior del asilo, luego que durante la cuarentena hubiera 15 fallecidos y 143 contagiados en el lugar pese a la prohibición de salir a las calles.


Luego, en enero de este año se reportó el extravío de 51 adultos mayores. Ante el pedido de asistir a la comisión para aclarar la situación, las funcionarias también se negaron a asistir sino hasta este mes. Al hacerlo, indicaron que desconocían el paradero de los adultos mayores.


Por lo anterior, la Comisión Especial de Investigación recomendó a la Asamblea Legislativa que certifique el informe ante la Fiscalía General de la República y ante el Tribunal de Ética Gubernamental para que investiguen "el posible cometimiento de delitos por parte de la presidenta del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral y la directora del Centro de Atención a Ancianos Sara Zaldívar", esto, por desconocer la ubicación o el estado de salud de 51 adultos mayores que estaban bajo su tutela.


El gobierno no ha emitido ningún pronunciamiento en el tema, ni tampoco el presidente Nayib Bukele ha reaccionado al mismo, o a la publicación del informe preliminar de la comisión, que, además, también sugiere la destitución del ministro de Salud, Francisco Alabi, debido a las irregularidades y al conflicto de intereses por contrataciones durante la pandemia.


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