Gobiernos Municipales reportan 4,056 muertes más por COVID-19 que el Gobierno

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Representantes de 172 municipalidades mostraron datos de defunciones de personas confirmadas de COVID-19, sospechosas y con neumonía atípica. Además, académicos reiteraron su desconfianza a los datos y la centralización de información del Ejecutivo.


En el informe se destaca que en 172 municipios han enterrado a un total de 4,955 personas, de las cuales 1,205 han sido sepultadas con reporte médico confirmado de haber fallecido por COVID-19. Sin embargo, el gobierno hasta ayer reportaba 899 fallecidos por esa enfermedad.


San Salvador, La Libertad, Sonsonate y La Unión, son los departamentos con mayor incidencia de la enfermedad.


Expertos en epidemiología, infectología, salud pública y estadísticas explicaron el pasado lunes a los diputados de la comisión especial que analiza el manejo de la pandemia por parte del Gobierno que las cifras de contagios fueron centralizadas por el Ejecutivo y que los datos no son “confiables”.


“Para nosotros los datos que provienen del sistema oficial no son transparentes y son altamente sospechosos de haber sido manipulados en todo momento desde su inicio”, expresó el infectólogo Jorge Panameño a los parlamentarios.


José Adán Montes, máster en Salud Pública y exconsultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), reforzó lo dicho por Panameño en torno a las cifras que el Ejecutivo revela en su plataforma digital de COVID-19.


“Esos datos no tienen consistencia, hay que ir a la base de datos, hay que ir a las fuentes primarias, eso es un principio cuando se trabaja en salud pública y epidemiología. Esas gráficas no corresponden a datos correctos, están fuera del rango”, sopesó.


El Director del Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), Óscar Picardo Joao, reveló que las incongruencias de la tasa de letalidad y contagios ha sido una constante durante toda la pandemia y tildó de desacierto del Gobierno “el manejo político y centralizado de la crisis”.


Esto en referencia a que la información relativa al COVID-19 fue declarada en reserva por el gobierno durante dos años, algo que también fue criticado por la diputada Rina Araujo, del FMLN.


“No se puede manejar una crisis bajo la única medida del olfato del presidente (Nayib Bukele), habiendo academia”, refutó Picardo.


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