Gobierno utiliza cerco epidemiológico sanitario como estrategia de control militar de la población

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"Hay sospechas de que con estos cercos militares el Gobierno esté protegiendo corredores de droga y de contrabando".

PROES, una organización ciudadana que aglutina miembros de la sociedad civil que evalúa la situación política y económica del país, ha hecho un pronunciamiento en el que, según su criterio, los cercos epidemiológicos impuestos por el gobierno no es con el propósito del control territorial de la enfermedad, sino la restricción de derechos de la población con fines probablemente electorales, generando coerción y miedo. 


Recientemente el movimiento Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES) circuló un comunicado titulado "Gobierno utiliza cerco epidemiológico sanitario como estrategia de control militar de la población”, el cual Noticias El Confidencial SV reproduce en esta nota.


PROES se define como una organización sin ánimo de lucro que tiene como visión convertirse en referente gremial y político de los profesionales salvadoreños. A continuación el texto íntegro de su comunicado:


Gobierno utiliza cerco epidemiológico sanitario como estrategia de control militar de la población


Los cercos epidemiológicos sanitarios no son estrategias nuevas y se han utilizado anteriormente para dar seguimiento a casos sospechosos y confirmados de enfermedades infectocontagiosas consideradas de notificación obligatoria, como la tosferina, el sarampión, el tétano y otras.


Desde el enfoque de salud pública, un cerco epidemiológico sanitario es una estrategia para controlar y vigilar un punto exacto, lugar o ciudad, que está siendo amenazado por una enfermedad, para evitar que la misma se propague y controlarla de manera eficaz. Los indicadores que deben tomarse en cuenta son: población a atender, No. de casos y de fallecidos, tasa de mortalidad y tasa de letalidad. Sin embargo, estos datos no pueden desprenderse de las condiciones en que vive la población, sus lugares de residencia y sus relaciones sociales.


En ninguna parte del concepto se determina la restricción del derecho a la movilización de la población, sino más bien reforzar la educación en salud, el abordaje individualizado, de la familia y de la comunidad, el involucramiento de la población en la definición de su problema de salud y de las soluciones, de sus riesgos y amenazas, así como las instituciones presentes en el territorio definido.


El enfoque de cerco epidemiológico, tal como lo promueve la Universidad Francisco Gavidia a través de los Cercos Epidemiológicos Inteligentes (CEI), no es el de “encerrar a la gente”, sino de localizar los focos de contagio con uso de tecnologías, para luego “educar” y evitar la propagación; obviamente habrá recomendaciones de aislamiento domiciliar o comunitario, pero con un modelo voluntario, de autodisciplina e informativo y educativo.


Si bien es cierto los representantes de la seguridad pública presentes en los territorios deben considerarse actores en los cercos sanitarios, en ningún texto de salud pública o de epidemiología se le da la relevancia que le está dando en El Salvador, donde altos jefes militares, el ministro de la Defensa y el director de la Policía Nacional Civil asumen la conducción de los cercos sanitarios y llegan con armamento pesado, helicópteros, tanquetas y alto número de efectivos militares y de policías, enviándoles señales coercitivas a la población.


Los cercos epidemiológicos sanitarios desarrollados a través del observatorio COVID–19 y coordinados por universidades y otras asociaciones de profesionales, tienen una metodología y una propuesta pública de territorio a intervenir a partir del consenso con las municipalidades y con participación intersectorial, y cuentan con sistematización de estas intervenciones que muestran también el impacto en los principales indicadores de salud relacionadas con la pandemia. Esto contrasta con los cercos sanitarios desarrollados por el MINSAL, en donde se desconocen la metodología y los criterios que determinaron la intervención en esos territorios, no hay participación de los actores locales ni de la ciudadanía y no se conocen los resultados de impacto en cuanto a mejoría de indicadores.


Los cercos epidemiológicos sanitarios con intervención militar han sido desarrollados en los municipios de Corinto, San Francisco Gotera, Santa Rosa de Lima y últimamente Chalchuapa, en donde los casos confirmados hasta el 14 de octubre eran 127, 344, 356 y 433 respectivamente. Tres de esos cercos son en el oriente del país y uno en la región occidental, cercanos a las fronteras con Honduras y Guatemala. 


Una de las dudas que se ha generado es conocer el criterio técnico para definir el municipio a intervenir, ya que existen otros municipios con mayor incidencia de casos, así como otros municipios con igual número de casos, con características geográficas y poblacionales similares a los intervenidos, como Sensuntepeque (148), Usulután (397) y San Vicente (402), por mencionar algunos, en donde no hay cercos sanitarios. ¿Será la cercanía a las fronteras un criterio técnico para los cercos? ¿Existen otros criterios oscuros y encubiertos para esta definición?.


No se cuenta con información sobre la procedencia de los fallecimientos con prueba positiva COVID-19 ni sobre los casos sospechosos (el sitio web del MINSAL no lo incluye). No se conoce si ese fue uno de los criterios para definir los territorios y si así fuera se debe informar sobre los impactos en las tasas de letalidad y mortalidad en esa población. Tampoco existen informes sobre acciones preventivas, abordaje de la enfermedad, pruebas positivas detectadas, factores de riesgo, intervenciones intersectoriales, ni sobre cómo se está abordando el aspecto de educación para la salud en esos territorios. 


Para los cercos epidemiológicos sanitarios implementados, el MINSAL no ha aportado criterios técnicos, planes de abordaje, indicadores, estrategias ni medidas desarrolladas e informes técnicos de resultados. Por lo tanto, no se podría establecer el impacto en esos municipios.


Con la combinación peligrosa de la intervención militar a gran escala para la restricción del derecho a la movilización de la población se infiere que el propósito de los llamados cercos sanitarios que se están implementando, no es el control territorial de la enfermedad, sino la restricción de derechos de la población con fines probablemente electorales, generando coerción y miedo. Se pretende dejar en el imaginario de la población que se está trabajando para evitar el contagio sin contar con pruebas que contengan el sustento técnico que lo demuestren.


Hay sospechas de que con estos cercos militares el Gobierno esté protegiendo corredores de droga y de contrabando. La Fiscalía General de la República debería investigar esa posibilidad, pues si los cercos no tienen fundamentos técnicos relacionados con la salud sino con los operativos militares, hay indicios y sospechas para investigar sus verdaderas finalidades.


Los habitantes del municipio de Corinto interpusieron un recurso de Habeas Corpus ante la Sala de lo Constitucional por las agresiones y violaciones a sus derechos humanos cuando sufrieron el cerco militar y denunciaron todos los atropellos a que fueron sometidos, la militarización de poblados, el apostamiento de soldados en los techos de las viviendas y los helicópteros de guerra sobrevolando y generando un clima de guerra, miedo e inseguridad a la población. 


El “cerco sanitario” en el municipio de Chalchuapa se asemeja incluso a la modalidad de asaltos militares a poblaciones civiles en tiempos de la guerra. Se desconoce el plan del contingente médico y sanitario desplegado, solo las fuerzas armadas predominan en el operativo.


Estas acciones gubernamentales no solo violan los derechos, sino que profundizan los efectos negativos en la salud mental de toda la población, que ya sufrió una cuarentena de más de 3 meses.


San Salvador, 14 de octubre de 2020




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