Bertha Deleón dice que Gobierno de Bukele desconoce de leyes y provoca abusos y arbitrariedades

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La abogada y amiga íntima de Nayib Bukele reclamó al gobierno por romper el debido proceso en materia penal, obviando leyes con el objetivo de hacer un show en materia de seguridad.


“No celebren cuando autoridades rompen el debido proceso, sobretodo en materia penal, procesal penal y penitenciaria. No vaya a ser que les toque a Uds., a un pariente, amigo o alguien cercano, sufrir excesos, abusos o arbitrariedades que violen derechos fundamentales”, dijo la abogada.

“El Estado debe ser decente, más cuando está en una relación especial de sujeción con los ciudadanos, como en el caso de las personas privadas de libertad. No sean borregos ni borregas”, señala Deleón. 


Jueces y magistrados en materia penal alegan que la emergencia decretada en las cárceles les afecta en su labor. Aseguran que han tenido que suspender más de 300 diligencias judiciales, lo que podría violar derechos fundamentales.


La Dirección de Seguridad Judicial de la CSJ da cuenta, según los jueces, que entre el 21 de junio y el 2 de julio de 2019 se han frustrado 369 diligencias judiciales (juicios, audiencias preliminares, anticipos de pruebas y otras). Un bloqueo que ha afectado a 504 reos.


Además de esas afectaciones, los jueces explican que también se han visto suspendidas las audiencias virtuales que realizan por videoconferencia "por denegatorias de extraer a los internos de los recintos y conducirlos a las salas correspondientes".


Otra de las afectaciones es la imposibilidad de notificar a los acusados detenidos, para que ejerzan sus derechos, así como para que inicien los plazos para impugnar sus resoluciones y que estas queden firmes.


Debido a la suspensión del trabajo judicial, los jueces consideran que existe un riesgo de vencimientos del límite de la detención provisional, lo que puede terminar en que se deba poner en libertad a algunos imputados.


La carta que los jueces enviaron al presidente de la CSJ también plantea que hay problemas con el funcionamiento del Sistema de Información Penitenciaria, pues no está actualizado. La falta de esa información, a su criterio, también conlleva el riesgo de cometer "detenciones ilegales por plazos vencidos o no ejecución de órdenes de libertad".


Los jueces y magistrados además se quejan de que las autoridades no les han informado sobre el traslado de los internos y del manejo mediático que han hecho de la medida. "Se pretende estigmatizar y deslegitimar la función jurisdiccional", rematan.


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