En el Decreto Legislativo que analiza la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, para suprimir las plazas de cinco secretarías de la Presidencia, está explícita la eliminación total del programa de atención integral a las mujeres conocido como Ciudad Mujer.

Ciudad Mujer es un programa de Gobierno iniciado en la gestión del ex presidente Mauricio Funes y, en la actualidad, posee seis sedes a nivel nacional, liderado por la Secretaría de Inclusión Social para una atención integral de las mujeres por medio de servicios, especialmente la autonomía económica para mejorar su calidad de vida.

Yanci Urbina, diputada del FMLN y miembro de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, denunció que en el decreto ejecutivo de Nayib Bukele, presentado a través del Ministerio de Hacienda, se confirma la desaparición del emblemático programa de protección social a las mujeres y a la comunidad LGBTI.

“En el decreto, el nuevo presidente suprime la Secretaría de Inclusión Social (SIS) incluyendo Ciudad Mujer”, reveló Urbina en una entrevista en Radio Maya Visión.

“Estamos ante una situación de supresión total de un programa de protección social, aún cuando el presidente dijo que reubicaría al personal de Ciudad Mujer. Estamos en incertidumbre por ver qué ocurre con la Secretaría de Inclusión Social, que tiene a su cargo el programa de Ciudad Mujer” y lo aplica en seis sedes a nivel nacional, acotó la legisladora.

“No hay nada de reubicar personal” en el decreto en mención recalcó Urbina.

“No hay ninguna distinción a considerar esa política pública a favor de las mujeres, Ciudad Mujer es un legado importante de los gobiernos del FMLN”, apuntó.

Urbina exigió explicaciones al presidente por borrar de un plumazo un programa reconocido y laureado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Una persona que pidió el anonimato por temor a replesalias de las pandillas, informo que han liberado del penal de Izalco a varios cabecillas de la MS 13 como parte del pacto para bajar los homicidios.


Los líderes que han dejado libre estaban purgando penas por homicidios y extorsiones de no menos de 30 años pero misteriosamente han aparecido en sus colonias.

El pacto es con la pandilla MS 13 el cual consiste en la reducción de homicidios.

Cuando Nayib Bukele era alcalde de San Salvador para conseguir ejecutar sus proyectos en la capital, negoció con las pandillas e hizo a lo largo de tres años concesiones, que incluyeron dar a las pandillas poder de decisión en la asignación de algunos puestos del mercado Cuscatlán. Fuentes de su equipo y de las pandillas aseguran también que en febrero de 2015, siendo candidato a la Alcaldía, su campaña entregó dinero a las tres principales pandillas para evitar que lo boicotearan, tal y como en las elecciones presidenciales de 2014 lo habían hecho el FMLN y ARENA. Esto lo dijo el Faro en 2018.

Según un reportaje de EDH, la MS recoge $50,000 mensuales de extorsión en colonia Santa Lucía.

Los pandilleros exigen la extorsión a taxistas, transporte colectivo, tiendas, negocios, alquileres de casa, distribuidores de bebidas y golosinas, entre otros. Con ese dinero compran armas, drogas , pagan abogados y pagan telefonía en las cárceles, según un expediente judicial.

Francisco Merino Padre, Diputado PCN. Lavado de capitales y lazos con Cartel de Texis. Reynaldo Cardoza. Lavado de dinero y lazos con Cartel de Tesis. Estos dos diputados ahora aliados del presidente Nayib Bukele.

Gobierno de Bukele deja fuera fuerza policial FOCA para no darles bono y alimentación por trabajos en seguridad

Policías del grupo FOCA (Fuerza Operativa Conjunta Anticriminal) en Soyapango han sido separados del plan control territorial, después de ocuparlos por 20 días sufriendo condiciones no adecuadas la personal, jornadas largas y carencias de alimentos y municiones.

“Policías de Soyapango que conformamos la ( FOCA ) del plan control territorial senos informa hoy a las 04.00 horas, que quedamos fuera del plan después de pasar más de 20 días sufriendo las condiciones y carencias en las bases policiales para no darnos los 200 dólares”, dice una denuncia que circula en redes sociales.

“Una vez más queda evidenciado que los señores mandos de la policía no tienen un verdadero interés en cuanto a los planes de seguridad ya que el personal se siente desmotivado después de haber recibido un montón de promesas cuando se inició con el plan. Señor presidente Bukele y señor director ARIAZA ya no jueguen con el personal policial”, agrega la denuncia.

El objetivo del gobierno es dejar fuera a varias unidades para no otorgarles el bono y la alimentación policial por los días que trabajaron arduamente por la seguridad de los salvadoreños.

En las imágenes se escucha como la mujer suplica que no la maten, pero los mareros no dudaron en darle el castigo de muerte por traición.

Estas son las imágenes de un grupo de pandilleros en Honduras, que matan a balazos a una mujer atada de manos y tirada en el suelo.

La mujer gritaba desesperadamente que no la mataran, pero nada pudo ayudarla.

El video fue dado a conocer por el periodico hondureño "La Tribuna".

Según reportes, la Fuerza Nacional Antiextorsión decomisó un celular a unos pandilleros, y en ese dispositivo encontraron el video.

El asesino fue identificado como Julio Ponce de 21 años, a quien se la acusa de varios delítos.

Así mismo las autoridades confirmaron que el asesinato se llevó a cabo debido a que la mujer había robado "la renta" a su grupo criminal.

Ernesto Sanabria, quien es del círculo cercano de Bukele, desde que era candidato a la alcaldía de San Salvador, es ahora en Casa Presidencial con el cargo de secretario de prensa.

Para sorpresa del caso, Ernesto "Brozo" Sanabria ganará como Secretario de Prensa de CAPRES $7,230.52 al mes, dinero pagado con tus impuestos. 

Investigaciones determinaron que Ernesto Sanabria es un sucio operador político que ha trabajado para el expresidente Elías Antonio Saca y ahora fiel emplelado de Nayib Bukele, y que se dedica a difamar a través de la cuenta de Twitter denominada Brozo.

Desde ahí se difama, se calumnia y se denigra a políticos y empresarios que se convierten en adversarios de los financistas de esa cuenta.

El gobierno de Nayib Bukele lanzó este día el plan de control territorial, lo cual es un reciclaje de los modelos de seguridad de los gobiernos anteriores. Incluso estas medidas las bautizaron como "medidas extraordinarias 2.0" y "super mano dura". 

Lo curioso es que este plan iniciaría está madrugada en los centros históricos de 12 municipios del país, pero las autoridades revelaron la hora alertando a los pandilleros para que salieran huyendo o es parte de la tregua que han pactado con el gobierno golondrino. 

"Señor Presidente @nayibbukele agradecemos su recordatorio que estamos a tan solo 3:23 horas para iniciar la ejecución del Plan de Control Territorial @PNC_SV y vamos a darle cumplimiento, comenzando en el Centro Histórico de San Salvador", dijo Arriaza Chicas director de la PNC.

Funcionarios de Bukele no han cambiado la forma de hacer política que tanto criticaron, utilizan de forma indiscrecional los vehículos institucionales, pagan altas cenas, contratan familiares, amantes, adaptándose al sistema.

“El Estado debe ser decente, más cuando está en una relación especial de sujeción con los ciudadanos, como en el caso de las personas privadas de libertad. No sean borregos ni borregas”, señala Deleón. 

Jueces y magistrados en materia penal alegan que la emergencia decretada en las cárceles les afecta en su labor. Aseguran que han tenido que suspender más de 300 diligencias judiciales, lo que podría violar derechos fundamentales.

La Dirección de Seguridad Judicial de la CSJ da cuenta, según los jueces, que entre el 21 de junio y el 2 de julio de 2019 se han frustrado 369 diligencias judiciales (juicios, audiencias preliminares, anticipos de pruebas y otras). Un bloqueo que ha afectado a 504 reos.

Además de esas afectaciones, los jueces explican que también se han visto suspendidas las audiencias virtuales que realizan por videoconferencia "por denegatorias de extraer a los internos de los recintos y conducirlos a las salas correspondientes".

Otra de las afectaciones es la imposibilidad de notificar a los acusados detenidos, para que ejerzan sus derechos, así como para que inicien los plazos para impugnar sus resoluciones y que estas queden firmes.

Debido a la suspensión del trabajo judicial, los jueces consideran que existe un riesgo de vencimientos del límite de la detención provisional, lo que puede terminar en que se deba poner en libertad a algunos imputados.

La carta que los jueces enviaron al presidente de la CSJ también plantea que hay problemas con el funcionamiento del Sistema de Información Penitenciaria, pues no está actualizado. La falta de esa información, a su criterio, también conlleva el riesgo de cometer "detenciones ilegales por plazos vencidos o no ejecución de órdenes de libertad".

Los jueces y magistrados además se quejan de que las autoridades no les han informado sobre el traslado de los internos y del manejo mediático que han hecho de la medida. "Se pretende estigmatizar y deslegitimar la función jurisdiccional", rematan.